El Departamento de Protección Social irlandés trataba plantillas biométricas faciales y tecnología de comparación facial en el registro para la Public Services Card (SAFE 2) sin una base jurídica válida, con información insuficiente y una evaluación de impacto incompleta. La DPC le apercibió, le impuso multas por 550.000 euros y le ordenó cesar ese tratamiento biométrico en nueve meses si no identifica una base jurídica válida.
Lección para una empresa
Usar comparación facial para identificar a usuarios exige una base jurídica válida, información transparente y una evaluación de impacto completa.
- Autoridad
- DPC
- País
- Irlanda
- Fecha
- 12 jun. 2025
- Tipo
- Multa
- Importe
- 550.000 €
- Norma
- RGPD arts. 5.1.a, 5.1.e, 6.1, 9.1, 13 y 35.7
Qué dice el AI Act de este uso
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